La huelga de funcionarios aplaza hasta 2024 otro juicio por las ayudas irregulares del PSOE de los ERE

Como consecuencia de la huelga de funcionarios de Justicia, la Audiencia de Sevilla ha suspendido el juicio que arrancaba este jueves y que ponía la lupa sobre una pieza más de la macrocausa de los ERE fraudulentos que la Junta socialista de Andalucía financió con fondos autonómicos. En este caso, se investigan las ayudas a la entidad hotelera Comar.

El juicio, en concreto, iba a arrancar este jueves y proseguir el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, pero ha sido suspendido por el impacto del paro. Tras la suspensión, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha fijado el mismo para enero de 2024.

Cabe recordar que esta misma sección de la Audiencia ha condenado recientemente a dos varones responsables de una empresa de peluquerías de Cádiz, Antonio G. Peluqueros S.L., a un año de prisión a cada uno de ellos por enriquecerse ilícitamente con 862.500 euros concedidos a su entidad por la Junta socialista de Andalucía a través del mecanismos de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia, fruto de un acuerdo de conformidad entre las partes, les condena además a indemnizar a la Junta con una cuantía similar al dinero público recibido.

Huelga

El sindicato CSIF ha calculado que la primera jornada de la huelga entre los funcionarios de la Administración de Justicia ha cosechado un seguimiento del 90% en el conjunto de Andalucía, donde sólo se habría celebrado uno de cada diez juicios.

La Junta, por su parte, ha estimado un seguimiento del 45,3% en el conjunto de Andalucía. Concretamente, y según ha detallado la Consejería de Justicia, el paro ha tenido un respaldo del 54,65% en Almería, del 61,37% en Cádiz, del 40,91% en Córdoba, del 55,07% en Granada, del 46,92% en Huelva, del 38,45% en Jaén, del 46,18% en Málaga y del 28,90% en Sevilla.

El calendario de huelga sigue los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo y los sindicatos reclaman un alza salarial de entre 350 y 430 euros al mes por persona aproximadamente, lo que supone un coste global de unos 200 millones de euros al mes para las arcas públicas, mientras la subida que les ofrece el Ministerio de Justicia rondaría los 44 millones, es decir, algo menos del 25% de lo demandado.

Según los sindicatos convocantes del paro, los gestores procesales, tramitadores procesales, auxilio judicial o médicos forenses «constituyen el 93% de todo el personal que hace posible que la Justicia funcione», acusando al departamento ministerial que dirige Pilar Llop de «ningunear» a estos profesionales y de tratarlos como «funcionarios de segunda».

Esta huelga, por cierto, sigue a la protagonizada entre el 24 de enero y finales de marzo por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los secretarios judiciales, que lograron un incremento de hasta 450 euros al mes por persona tras un prolongado paro traducido en un fuerte impacto para el servicio de Justicia a cuenta de la suspensión de juicios, comparecencias y actos.

Dicha huelga dejó en Andalucía un total de 84.111 juicios y actuaciones suspendidas, así como 40.901 demandas pendientes de recibir curso, según las entidades convocantes.